Requerimiento previo obligatorio antes de demandar (Ley 1/2025): qué es

Durante décadas, reclamar en España empezaba con una demanda. Desde la primavera de 2025 empieza con un documento distinto: el que acredita que, antes de acudir al tribunal, se intentó llegar a un acuerdo. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, lo llama «actividad negociadora previa» y lo convierte en requisito de procedibilidad. Sin él, la demanda no se admite.

Qué exige exactamente la ley

El artículo 5 de la ley establece que, en el orden civil, es requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias (MASC). La demanda debe acompañar el documento que lo acredite. No se exige llegar a un acuerdo, sino intentarlo de buena fe y poder probarlo.

Quedan fuera, entre otros, la ejecución, las medidas cautelares previas a la demanda, las diligencias preliminares, el juicio cambiario, la tutela civil de derechos fundamentales, la filiación, las medidas de apoyo a personas con discapacidad y la tutela sumaria de la posesión. Todo lo demás (reclamaciones de cantidad, monitorios, desahucios, herencias, comunidades de propietarios, defectos de obra, responsabilidad contractual) entra en el requisito.

Qué medios sirven

• Negociación directa entre las partes, con o sin abogados, o entre los abogados por cuenta de sus clientes (art. 14).
• Mediación, con un mediador inscrito y conforme a la Ley 5/2012.
• Conciliación privada, notarial o registral.
• Oferta vinculante confidencial (art. 17): una propuesta que obliga a quien la hace si la otra parte la acepta. Si no se acepta en un mes, el requisito queda cumplido sin desvelar su contenido en el juicio posterior.
• Opinión de experto independiente y derecho colaborativo.

El «requerimiento previo» que de verdad cuenta

En la práctica, la mayoría de reclamaciones usan la negociación directa, y aquí está el error más frecuente: pensar que cualquier burofax vale. El artículo 10 exige, cuando no interviene un tercero neutral, un documento que identifique a las partes, delimite el objeto de la controversia y pruebe que la otra parte lo recibió y pudo conocer su contenido íntegro; si hubo negociación, un documento firmado por ambas con las fechas y una declaración de buena fe. Un requerimiento que solo exige el pago, sin propuesta ni prueba de recepción del contenido, puede dejar la demanda sin admitir meses después.

Por eso un requerimiento previo bien hecho contiene: la identificación de las partes y sus abogados, los hechos y la cuantía, una propuesta concreta de solución (pago, calendario, reparación, reparto), un plazo de respuesta y el canal para negociar, y se envía por un medio que pruebe fecha, recepción y contenido (burofax con certificación de contenido, notificación notarial o correo electrónico con acuse en relaciones ya establecidas por ese medio).

Los plazos que crea la ley

1. 30 días naturales. Si desde que la otra parte recibe la solicitud no hay reunión ni respuesta por escrito, o si una propuesta concreta no obtiene respuesta en ese plazo, la negociación se entiende terminada sin acuerdo (art. 10.4) y el requisito, cumplido.
2. Tres meses. Iniciada la negociación, se da por terminada a los tres meses de la primera reunión salvo que las partes la prolonguen.
3. Un año. La demanda debe presentarse en el plazo de un año desde la recepción de la solicitud sin respuesta o desde que terminó la negociación (art. 7.3). Pasado ese año, hay que repetir el intento.

Efectos sobre la prescripción

La solicitud de negociación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad desde que se intenta su entrega (art. 7.1). Es relevante en deudas antiguas: enviar el requerimiento a tiempo puede salvar una acción que estaba a punto de prescribir. El efecto cesa si no hay respuesta en 30 días o cuando la negociación termina, y los plazos se reanudan.

Qué pasa si la otra parte no quiere negociar

Nada le obliga a sentarse, pero el rechazo tiene precio. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción actual, permite no imponer las costas a favor de quien rechazó sin causa justificada participar en un MASC al que fue efectivamente convocado, aunque gane el pleito, y el tribunal puede apreciar un abuso del servicio público de Justicia con consecuencias en costas y multas. Además, quien hizo una propuesta que fue rechazada y luego obtiene una sentencia sustancialmente igual puede pedir la exoneración o reducción de las costas (art. 245 bis LEC).

Y si eres tú quien recibe el requerimiento

Un requerimiento negociado, una citación a mediación o una oferta vinculante son asuntos con plazo: 30 días para responder, un mes para aceptar la oferta. Ignorarlos no detiene la demanda; solo te deja fuera de la negociación y en peor posición para las costas. Conviene decidir con asesoramiento, no por silencio.

Hacemos el intento de negociación previa como mediadores titulados o como abogados de la parte que reclama, con documento acreditativo y plazos controlados. Y si lo que te deben supera los 6.000 €, en reclamar una deuda explicamos cómo el requerimiento se convierte en la primera fase de cobro.